La represión de la posguerra

El acceso a documentos del Cuerpo Jurídico Militar que permanecieron inéditos hasta hace pocos años ha permitido al autor el estudio de los expedientes de condenados a muerte que, a partir de 1939, fueron remitidos al Jefe del Estado, Francisco Franco, para que decidiera la ejecución o la conmutación de la pena capital.

En números redondos, durante la posguerra los tribunales militares condenaron a muerte a 30.000 personas, de las que fueron ejecutadas la mitad, unas 15.000. Estas cifras son muy inferiores a las publicadas hasta ahora, ninguna de las cuales tenía soporte documental. Coinciden, sin embargo, con investigaciones locales rigurosas, como las efectuadas por la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid.

El factor determinante para establecer si un condenado era ejecutado o no era su responsabilidad en delitos de sangre, bien como autor material, bien como responsable directo de su inducción. Si no existía prueba suficiente de esa responsabilidad, la pena era conmutada. Por dicha razón fueron indultados la gran mayoría de los mandos del Ejército Popular de la República, los Comisarios Políticos, los miembros de los Comités revolucionarios, los espías o los guerrilleros. Las acciones de guerra no se consideraron actos criminales.

En la mayor parte de los casos, la pena capital era sustituida por la inferior en grado: reclusión perpetua, equivalente a 30 años. Gracias a sucesivos indultos, ningún condenado llegó a cumplir siquiera la cuarta parte.

Los consejos de guerra se caracterizaron por una generalizada falta de garantías, pero esta lacra fue matizada en parte por una Orden del propio Franco de enero de 1940, que estableció de oficio la revisión de todas las sentencias por parte de los auditores militares, juristas de profesión. Los auditores cuestionaron miles de sentencias y recomendaron la conmutación de casi la mitad de las condenas, criterio que salvo un puñado de casos —inferior al 2 por 1.000 del total— asumió el general Franco.